Entre los procesados hay cinco policías. En tanto, son 23 las víctimas que han declarado hasta ahora, todas ellas en situación de vulnerabilidad en razón del género y por su situación socioeconómica desfavorable, las cuales fueron recibidas en esta ciudad para su explotación sexual. También eran obligadas a comercializar estupefacientes.

Luego de una investigación dirigida por el fiscal federal Nicolás Czizik, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, trece personas –entre ellas cinco policías- fueron procesadas con prisión preventiva: nueve acusados de trata de personas y comercialización de estupefacientes, dos de ellas por tenencia ilegal de armas, y otras dos por el comercio de drogas, de acuerdo a la resolución del juez federal Santiago Inchausti.

La organización, que se dividía el territorio en dos zonas, se valía de la exposición en la vía pública a la que debían someterse las víctimas, como única alternativa de obtener indigentes ingresos económicos, dada la marginalidad social a la que se encuentran sometidas por su identidad de género.

El juez Inchausti dispuso, a su vez, el decomiso de una camioneta Fiat Ducato azul, que una de las principales imputadas utilizaba, acompañada por su pareja, para recorrer las zonas de explotación, a modo de vigilancia sobre las víctimas.

La investigación se inició a partir de una llamada anónima recibida en la línea 145, que daba cuenta de la presunta explotación sexual de personas trans, con la posible connivencia policial de la comisaría de la jurisdicción. La instrucción quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que encomendó tareas investigativas y escuchas telefónicas a personal de la División Antidrogas de la delegación local de la Policía Federal Argentina.

Explotación sexual y venta de droga en la calle

Cuatro policías y otras cinco personas están procesados por integrar una organización criminal, que bajo una distribución de roles y el supuesto propósito de proteger a personas trans que se encuentran en situación de prostitución en las denominadas zonas rojas marplatenses, gobernaban su voluntad, las captaban, facilitaban su permanencia en el país y en la ciudad y decidían el desarrollo de la actividad sexual, estableciendo dónde, cuándo y cómo estas personas debían vender su cuerpo -aprovechándose de su situación de vulnerabilidad- y las obligaban a la venta de estupefacientes. En los procedimientos realizados el 12 y 13 de mayo se incautó material estupefaciente que estaba destinado a ser vendido al menudeo en la denominada zona roja.

De acuerdo a la investigación, las víctimas eran sancionadas con la imposición de multas, e incluso el impedimento del ejercicio de la actividad, en caso que desobedecieran las órdenes impartidas por los imputados, además de tener que abonar sumas de dinero a la organización para poder permanecer en la zona.

La organización utilizaba su estructura también para el comercio de estupefacientes, que entregaban a las mujeres -en algunos casos a las personas víctimas de trata- para que luego ellas la comercializaran en las calles donde eran explotadas.