[#Ajuste] El Defensor del Pueblo exhortó al cese de las suspensiones de todos los beneficios y su restablecimiento

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Frente a la arbitraria e intempestiva suspensión de sus beneficios de pensión no contributiva por parte de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales,el defensor del pueblo de la nación tendrá intervención para proteger los derechos vulnerados.

“Respecto a la situación por la que atraviesan los denunciantes se resalta la falta de notificación o intimación previa a la suspensión. Muchos damnificados alegaron en sus presentaciones que tomaron conocimiento de la cesación de su beneficio en la entidad bancaria al momento del cobro. Este hecho, habría significado un agravante para los damnificados en tanto no tuvieron la posibilidad de prever la falta de ese ingreso, colocándolos en un grave estado de desamparo, y no permitiendo el ejercicio de los recursos administrativos por el ocultamiento de los fundamentos” manifiestan desde la Defensoría del Pueblo de la Nación.

También indicaron su desconocimiento respecto a la continuidad del programa Incluir Salud (ex-Profe), y coincidieron en que los montos cobrados en concepto de pensión representan su principal medio de subsistencia.La Comisión precisó que el número de suspensiones de PNC por invalidez ascendió a veintidós mil seiscientos veintidós (22.622), desagregado en 4.701 en enero, 10.924 en febrero y 6.997 en marzo. En cuanto a los motivos, indicó que las mismas se dieron en el marco de los procesos mensuales de Control Prestacional, a partir del cruce de datos con las bases del Sintys y de ANSES.

“Entendiendo a la seguridad social como derecho social, existe una obligación de progresividad que implica que el Estado debe mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos y sociales con el transcurso del tiempo, de la manera más rápida y efectiva posible. De esta obligación surge otra, la obligación de no regresividad, que implica la prohibición de adoptar políticas y normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos económicos y sociales de los que goza la población” concluyen desde la Defensoría.