El Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal nº 1 de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, llamó a indagatoria al actual fiscal general de Mar del Plata y a otros cinco imputados por el secuestro y tortura de militantes durante la última dictadura cívico-militar.

La denunciada penal fue presentada el año pasado por la Comisión Provincial por la Memoria con el aporte de documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) donde se halló registrado que Fabián Fernández Garello como agente de esa repartición policial, tuvo participación en este hecho y en otras actividades de inteligencia ilegal.

Respaldada en ese material documental, la jueza Arroyo Salgado involucró a Fernández Garello en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de otros tres, el 23 de Julio de 1981. Allí, participó -el entonces oficial subinspector- del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores.

En su momento, a raíz de esta denuncia y dada la gravedad institucional del caso, la CPM junto a Abuelas de Plaza de Mayo, Cels, APDH Nacional, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Judicial Bonaerense y Federación Judicial Argentina solicitaron el juicio político contra el fiscal. El jurado de enjuiciamiento ya ha sido conformado; sin embargo, todavía no ha sido convocado para tratar el tema.

Oportunamente la CPM y la AJB junto Organizaciones Sociales, Sindicales, Políticas y de Derechos Humanos de Mar del Plata reclamaron a la Suprema Corte de Justicia que Fernández Garello sea apartado de su cargo como este Tribunal lo había hecho anteriormente con el ex Fiscal General de San Isidro Julio Novo, cuando pesaba sobre éste magistrado una grave acusación de perpetrar delitos comunes.

En ese sentido, el reciente llamado a indagatoria obliga a avanzar de manera urgente en el juicio político y en la destitución de Fernández Garello, puesto que la presencia de ex- agente de inteligencia durante la última dictadura cívico- militar en el Poder Judicial es incompatible con un estado democrático de derecho.