Se trata de la empresa Servisa, que garantizaba el servicio, y que según explicaron desde el área de discapacidad, “superó la cantidad de viajes prevista para el 2017”.

El servicio lo prestaba el municipio, por medio de la empresa, sin costo para las y los destinatarios, atendiendo a las leyes que obligan al estado a cumplimentar las acciones necesarias para la inclusión socio comunitaria de las personas con discapacidad.

En declaraciones brindadas por Domingo Gianini, director de la oficina de discapacidad a los colegas de 0223 “hay un monto mensual y estamos sobrepasados con la demanda, llegamos al límite y no tenemos servicio alternativo. Sucede que algunos servicios tuvimos que hacernos responsables nosotros , como los que prestaban algunas obras sociales como Incluir Salud (ex profe)”.

El corte del servicio atenta contra derechos fundamentales, interrumpe tratamientos de salud, procesos de escolarización y hasta altera la organización familiar. Los damnificados, más de ciento diez personas de los cuales 80 son niñas y niños en edad escolar.

Además, la dependencia no funciona desde la mañana, y analizan dónde realizará sus actividades mañana, tras los daños que sufrió el edificio que la alberga al incendiarse una fábrica que funciona en la propiedad lindera.