El gobierno nacional suspendió 170 mil personas beneficiarias de pensiones de invalidez. Luego la Justicia rechazó la medida, pero ordenó excluir a los menores de 18 años de ese beneficio, además de elevar las exigencias en los requisitos para personas con cáncer, síndrome de Down, VIH, Parkinson y EPOC, entre otras. 

 

Más de 20 mil pensiones, (que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en estos meses), volverán a ser revisadas. Los criterios de esta nueva evaluación son los que establecieron las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependientes de Presidencia.

 

Este ajuste se ejecutó el 25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito. Allí se detalló que las liquidaciones a los menores deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores analicen nuevamente cada caso.

 

Para los casos de pensionados con síndrome de Down, las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista. En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

 

El recorte llegó 11 meses después de que el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones, aunque la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.