Ni bien lo recibió, le dijo: “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos, al servicio de los ciudadanos”. Después del procesamiento, volvió a defenderlo. Es por eso que la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresó su preocupación ante los cuestionamientos y descalificaciones formuladas por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, acerca los pronunciamientos de los magristrados, sobre el actuar del policía Luis Chocobar.

Después de que la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmara el procesamiento a Luis Oscar Chocobar  por el delito de “homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber”, por haber matado a un joven de 18 años cuando escapaba tras apuñalar a un turista en el barrio de La Boca, Macri dijo en una conferencia de prensa en Chapadmalal, no entender el fallo.

Es por eso que la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresó su preocupación ante los cuestionamientos y descalificaciones formuladas por el Presidente de la Nación a los magistrados que emitieron sus pronunciamientos, en primera y segunda instancia, en una causa en la que se investiga el proceder de un personal policial en un hecho de resonancia pública.

En un comunicado, expresaron:

“El respeto y el acatamiento de las decisiones judiciales constituye una premisa básica de convivencia en los estados democráticos, razón por la cual resulta un mensaje negativo para la sociedad y un debilitamiento para el sistema republicano que se interfiera en la marcha de un proceso expresando opiniones condicionantes desde el Poder Ejecutivo nacional sobre el sentido y el contenido que tienen que tener las decisiones de los magistrados intervinientes.

Las leyes que regulan el uso de la fuerza por parte del Estado son una protección para todos los ciudadanos, siendo el control judicial propio de todo Estado de Derecho el resguardo esencial de su ejercicio.

La independencia judicial es una garantía de los ciudadanos en una República y su vigencia es impuesta por la Constitución nacional y por Pactos Internacionales de Derechos Humanos, correspondiendo a todos los habitantes, y en particular a las autoridades de los Poderes del Estado”.

El comunicado lleva la firma de Ariel Ariza, Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, como así también del secretario de la entidad, Omar Lopez.