Como cortina de humo o reclamo contundente de las masivas movilizaciones de mujeres, el Proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito se abrió paso hasta el COngreso de la Nación para saldar una deuda de la democracia. El gobierno, que en primer término se mostró favorable a que el proyecto pueda ser tratado, ahora intenta poner obstáculos. “Los derechos no se plebiscitan” dijeron claramente desde el movimiento de mujeres. 

 

El 6 de marzo de 2018, dos días antes del Paro Internacional de Mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó ante el Congreso de la Nación, por séptima vez, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Recientemente los medios de comunicación informaron que el Senador Nacional y Jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, presentaría la propuesta de someter a la consulta popular el derecho al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

 

 

Conforme nuestro sistema legal, “corresponde a los y las representantes elegidos/as por el conjunto de la ciudadanía debatir y sancionar sobre este derecho fundamental, atento a qué su criminalización ocasiona la muerte e incapacidades de mujeres y personas gestantes que se ven empujadas a prácticas clandestinas e inseguras” explican desde la Campaña.

 

Para quien tenga dudas, puede buscar el artículo 39 de nuestra Constitución Nacional, el cual establece taxativamente que no pueden ser objeto de iniciativa popular, vinculante o no vinculante, los proyectos de ley que planteen reformas en materia penal. “Es exclusiva Facultad del Congreso de la Nación legislar con relación a las modificaciones a nuestro Código Penal, más aun considerando que se encuentran en juego los derechos humanos a la salud y a la autonomía de la voluntad de las mujeres y personas gestantes” expresaron importantes juristas.

 

No es la primera vez que los sectores que buscan frenar el reconocimiento de derechos civiles desde dogmas religiosos recurren a este tipo de maniobras desde donde ejercen su hegemonía. “Cabe recordar que los sectores conservadores y religiosos de nuestro país intentaron someter a consulta popular el derecho al matrimonio igualitario que  fue rechazado por la sociedad entendiendo que las mayorías no pueden imponer su voluntad sobre el acceso o no a los derechos humanos de las minorías” recuerdan desde la Campaña.

 

En un contundente comunicado, la Campaña Nacional por el derecho al aborto expresó: “En  la profunda creencia de que los derechos humanos no se plebiscitan ni se consultan, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito rechaza expresamente la propuesta de someter a consulta popular el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos”.

 

“Este tipo de propuestas tiene la finalidad política de demorar y obstaculizar el debate. Las mujeres y personas gestantes no podemos esperar más: están en riesgo nuestras vidas. El tiempo es ahora” concluyeron.