La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la solicitud presentada por la diputada Alejandra Martínez, presidenta del Bloque Convicción Peronista, que requiere al Ejecutivo Provincial informe sobre el funcionamiento del Sistema Sanitario de la Provincia.

“Conocer el estado general y particular del Sistema Sanitario Provincial se vuelve imperioso para poder cumplir una de las tareas más importantes que debe llevar adelante el legislador que es el contralor de las acciones que emprende el Gobierno Provincial” sentenció la autora de la iniciativa.

La solicitud de Martínez le requiere al Ejecutivo Provincial que informe al Poder Legislativo sobre la cantidad de centros de salud provinciales que se encuentran actualmente en funcionamiento detallando la complejidad de cada uno; cuál es la cantidad de profesionales médicos que se encuentran en actividad en los mencionados efectores provinciales; cuál es la relación proporcional entre profesionales médicos y profesionales de la enfermería existentes en los citados establecimientos; si la provisión de medicamentos a los citados efectores se cumple con regularidad o existe algún déficit, si se cuenta con el stock de vacunas para cumplir debidamente el calendario anual vacunatorio, si existe demora en la entrega de medicamentos a los pacientes oncológicos, pacientes con VIH y para patologías crónicas.

En los fundamentos del proyecto se establece que la “Constitución Provincial garantiza el derecho a la salud a todos los habitantes de la Provincia en lo que respecta al acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos. También sostiene el hospital público y gratuito en general con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación; promueve la educación para la salud; la rehabilitación y la reinserción de las personas tóxico dependientes. El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura en el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización”.

Para Martínez “la norma constitucional es clara en cuanto al deber del Estado respecto del cuidado de la salud de los ciudadanos de la Provincia, por eso entendemos que los Poderes que lo integran deben actuar de manera interfluida para asegurar el cumplimiento de la ley”.