La Ley Nº 25.929 y su reglamentación, en el año 2005, establecieron que el paradigma del de Parto Humanizado sea norma y no excepción. Su aplicación, como toda transformación social, avanza progresivamente, desandando el modelo médico hegemónico, tan atado a los tiempos productivos, y al paciente como objeto de la intervención. La ley rige tanto para los partos que se realizan en instituciones sanitarias, públicas y privadas, como para los partos domiciliarios, estableciendo a la mujer y sus tiempos naturales como protagonistas de un proceso que sólo requiere de intervención desde la medicina ante alguna dificultad.

Respecto a la preparación para el momento de parir, las doulas, mujeres que trabajan en el acompañamiento emocional del embarazo, parto y puerperio, colaboran en la construcción del plan de parto, para presentar por escrito en la maternidad, y garantizar que el equipo de salud esté informado de los deseos de la persona gestante para la atención del parto.”Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer” asegura Michel Odent, referente de este paradigma.

Las intervenciones no consentidas ni justificadas clínicamente, o los malos tratos, configuran violencia obstétrica, un tipo específico de violencia que está tipificado en nuestro código penal y es plausible de ser sancionada.

En la Argentina hay 700.000 nacimientos por año: cada hora nace un bebé. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre 10% y 15%, pero en la Argentina, uno de cada tres bebés nace quirúrgicamente. Cuando se realizó el primer Índice Nacional de Violencia Machista, de la mano del movimiento Ni Una Menos, el 77% de las mujeres argentinas que participaron de la encuesta manifestaron haber sufrido violencia obstétrica.

Las denuncias de violencia obstétrica recibidas por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), del Ministerio de Justicia de la Nación, señalan a los malos tratos por parte del personal de salud en un 82%, y la utilización de prácticas medicas no informadas en un 44%, y medicalización innecesaria en el 42% de los casos. El 64% de estas denuncias, referencian a partos practicados en instituciones privadas.