Así lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que además ordenó designar un nuevo Tribunal para que dicte un nuevo procesamiento “ajustado a derecho”. El imputado está acusado de explotar sexualmente a las mujeres.

En línea con el recurso interpuesto por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló por mayoría la absolución dispuesta por el Tribunal Oral Federal en favor de Aníbal Raúl Ramón Soria, acusado de explotar sexualmente a dieciséis mujeres en nuestra ciudad. Además, dispuso la designación de un nuevo Tribunal para que realice un nuevo debate oral, donde “dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y las constancias de autos”.

El caso

En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 –entonces a cargo de Pablo Larriera- junto a la PROTEX, se determinó que siete personas explotaban sexualmente a dieciséis mujeres oriundas del Paraguay, en el Prostíbulo “La Posada”. Asimismo, a raíz de una serie de allanamientos realizados en el año 2012, se estableció que una vivienda los imputados alojaban en precarias condiciones a sus víctimas, quienes todos los días eran trasladadas en taxis o combis al local nocturno, para ser explotadas sexualmente en el hotel lindero “El Paraíso”, propiedad de la misma organización.

La investigación fue elevada a juicio, en octubre de 2014, por el titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata y, en marzo de 2017, se realizó el juicio oral ante el TOF de Mar del Plata –con la intervención del titular de la Fiscalía General ante el TOF de dicha jurisdicción, Juan Manuel Pettigiani- en el que se resolvió la absolución del imputado como coautor del delito de trata de personas bajo la modalidad acogimiento de persona mayores de 18 años agravado por la pluralidad de víctimas, y explotación económica de la prostitución ajena, al tiempo que se ordenó el levantamiento del embargo preventivo dispuesto respecto de tres domicilios.

Tal decisorio fue recurrido por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y su denegatoria por el TOF marplatense –sobre el argumento de la falta de habilitación del fiscal Colombo para intervenir en la instancia de juicio por carecer de autorización para actuar como coadyuvante del fiscal de juicio- motivó una presentación directa ante la Cámara Federal de Casación Penal, la cual se pronunció –en junio de 2016- en favor de la queja deducida por el representante del Ministerio Público y declaró erróneamente denegado el remedio. Ante ello, el entonces responsable de la Fiscalía General N°1 ante dicha instancia, Javier De Luca, mantuvo el recurso de casación.

En su presentación, el fiscal Colombo sostuvo que “la sentencia, pese a considerar probada una situación de explotación sexual en el mítico bar prostibulario ‘La Posada’ de Mar del Plata en combinación con el hotel ‘El Paraíso’ construido como complemento para la concreción de los servicios sexuales, de forma arbitraria absolvió a Aníbal Raúl Ramón Soria de todo tipo de responsabilidad”. En tal sentido señaló que “los magistrados consideraron equivocadamente que la fiscalía de juicio había retirado parcialmente la acusación en relación a Soria por el delito de trata de personas; cuando, lo que, en tal caso sucedió, fue que al representación del Ministerio Público Fiscal optó por una calificación en desmedro de otra, pero siempre sobre la base de una misma plataforma fáctica”. Asimismo, cuestionó que no se hubiesen adoptado las medidas de decomiso solicitadas durante el debate, por su colega, respecto de los inmuebles utilizados para acoger a las víctimas, que debería afectarse a los programas de asistencia a las víctimas, de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.842.

El representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que “de consentirse la sentencia en estos términos, se obturaría la posibilidad de sancionar y atacar –incluso en su aspecto patrimonial- un supuesto de criminalidad organizada como lo es el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en materia de prevención, investigación y sanción de hechos de esta especie y de lucha contra las formas más graves de vulneración de los derechos de las mujeres”, al tiempo que solicitó que se dictase una sentencia condenatoria respecto de Soria “conforme las pruebas, argumentos y citas legales y jurisprudenciales invocadas y, asimismo, se dispusiera el decomiso de los bienes que fueron en su momento embargados.

En oportunidad de celebrarse la audiencia correspondiente ante la Cámara Federal de Casación Penal, la defensa del imputado fundamentó el rechazo del recurso de casación interpuesto por el fiscal Colombo. Para sostener su posición, el letrado sostuvo que el fiscal de juicio no acusó por el delito de trata de personas; que el representante del MPF que intervino en el juicio “nunca solicitó el decomiso en orden al delito de trata de personas pues no formuló acusación respecto de dicha figura legal”.

La defensa de Soria también hizo hincapié en la falta de legitimación del fiscal Colombo para interponer el recurso, por cuanto si bien “había sido convocado como colaborador durante la instrucción –etapa durante la cual se encontraba habilitado para actuar-, nunca fue designado para intervenir como coadyuvante, en forma alternada o conjunta, con el señor Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, doctor Juan Manuel Pettigiani, configurándose, en definitiva, un supuesto de violación a la independencia y autonomía funcional de dicho fiscal federal”.

A su turno, el entonces responsable de la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriel Pérez Barberá, postuló que se hiciera lugar al recurso deducido por su colega, dado que el Tribunal estaba habilitado para condenar al imputado en orden al delito de trata de personas con fines de explotación sexual porque los hechos relativos a ese delito estaban comprendidos en la acusación fiscal y eran los mismos por los cuales fue indagado, procesado y se requirió la elevación a juicio. En virtud de ello, solicitó que se hiciera lugar al recurso interpuesto por su colega y, “en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia dictada por el tribunal ‘a quo’ y, sin necesidad de reenvío ni reedición del juicio se condene en la instancia a Aníbal Raúl Ramón Soria a la pena de cinco años de prisión por resultar coautor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, así como, se orden el decomiso de los inmuebles donde fueron acogidas y explotadas las víctimas”.