Yahir vive en Batán. Tiene 17 años y una discapacidad severa. Lleva quince días sin poder asistir a sus tratamientos, clases y paseos, porque SERVISA, la empresa que garantizaba el transporte que necesita con su silla, decidió cortar el servicio por que la prestadora IOMA (dependiente del estado provincial) no le paga desde hace meses.

La familia de Yahir se enteraron, hace quince días, que SERVISA no iba a seguir realizando los traslados que hacían a diario para llevar al adolescente que tiene una discapacidad severa a sus tratamientos, equinoterapia, clases, etc. La posibilidad de que el joven pueda realizar sus tratamientos y participar de diferentes actividades de estímulo social, dependen de que el transporte especializado, capaz de subir una silla de las características de la suya, con su peso, garantice el traslado.

Los padres se acercaron a hablar con el director de IOMA a nivel local, Marcelo Lacedonia, y le relataron personalmente lo mismo que habían expuesto en una nota. El director los recibió y los escuchó, pero la única solución que les dio es que trasladen a su hijo con un remis. Claro que esto no es una opción en tanto este tipo de vehículos no tiene condiciones físicas para poder subir y trasladar de forma segura a una persona con una discapacidad como la de Yahir, y además, el costo que implican los viajes de Batán a Mar del Plata son imposibles de asumir para una familia de trabajadores.

“Lo más lamentable de esta decisión, (pensando en forma benevolente fue apresurada y quizás desesperada) es que el sr director conoció a Yahir pues sus padres lo llevaron y vio con sus propios ojos a un adolescente con el porte propio de su edad en una silla postural, cómo puede imaginar que un chofer inexperto para trasladar a una persona con discapacidad iba a tomar tal responsabilidad y otra pregunta dónde llevaría la silla en un auto” señaló Mirta Catalano, otra mamá, que conoce la historia por compartir la situación de reclamos sin respuesta en la entidad.

Las familias de los usuarios afectados canalizan su enojo con la administración provincial de Vidal, por que entienden que los transportistas no pueden hacer frente a los gastos que demanda tener un vehículo en la calle (combustible, choferes, mantenimiento, impuestos) y la demora excesiva en el pago de los traslados que van de 8 meses a un año. esta situación hace que muy pocos transportistas se arriesgan a trabajar con IOMA.

Otro gran problema que advierten las familias es el tiempo que se toma la obra social para autorizar los traslados y más de una vez sucede que el trámite viene de observado o rechazado desde La Plata ya que no hay consenso entre los empleados sobre cuáles son los requisitos y los recaudos para su autorización. Ello trae aparejado una demora de meses a lo que luego hay que adicionarle un mínimo de seis meses para su cobro.

Cuando llega la autorización los transportistas no pueden presentar toda la facturación atrasada porque sus ingresos superan el parámetro del monotributo, en consecuencia lo deben ir prorrateando en meses para no pagar de más demás e inclusive evitar recategorizaciones. A esto se suma que deben presentar en forma mensual una gran cantidad de documentación por trámite.
Las familias angustiadas ante tal perspectiva se encuentran ante un grave problema ya que niños y jóvenes con discapacidad no pueden asistir a la escuela y a las terapias ante la imposibilidad del traslado.

“Pretender desde la estructura burocrática de la obra social agregar a las preocupaciones, quehaceres y problemas propios que aquejan a las familias que sean ellos quienes asuman el costo de el traslado de su hijo con discapacidad a la escuela especial y a los centros de rehabilitación donde realiza sus terapias, y consecuentemente obligarlos a que inicien los correspondientes trámites administrativos burocráticos y complejos a fin de demostrar sus necesidades y su incapacidad es algo que no corresponde ya que IOMA es la que debe garantizar la prestación” agregó la mamá.