Por Mumalá

Solo 8 días han pasado desde el inicio del año y ya lamentamos el asesinato de una mujer en nuestra ciudad.

Gisela Varela de 33 años fue asesinada hoy a la mañana mientras se encontraba esperando el colectivo para ir a trabajar. Un auto Toyota etios gris frenó donde ella se encontraba, y un hombre bajó del mismo y comenzó a dispararle. Era su ex pareja, Sergio Cejas, a quien había denunciado en múltiples ocasiones y tenía una orden de restricción de acercamiento desde el 8 de agosto del 2018. La medida judicial estaba entre las pertenencias de Gisela cuando la asesinaron.

¿Qué sucede cuando una mujer cuenta con una medida de protección dictada por la justicia? ¿Y qué pasa cuando el femicida tiene denuncias por violencia de género y porta un arma? ¿Y si es miembro de las fuerzas de seguridad? ¿Qué rol toma el Estado frente a estas situaciones?

Teniendo en cuenta los datos obtenidos desde el Observatorio Mumala, que nos arroja que del total de los femicidios que cometieron en el 2018 – 259 femicidios entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2018- el 21% había realizado denuncias previamente y el 13% tenía medidas de protección dictadas por la justicia, podemos comprobar que poco es lo que cambia en la vida de la mujer que teme por su vida un vez que logra denunciar la situación.

Del total de mujeres asesinadas y/o en situación de violencia de género son la minoría las que logran radicar una denuncia contra su agresor y menos las que obtienen algún tipo de medida cautelar. Entonces nos parece necesario problematizar al menos que estrategias se dan desde el Estado para evitar el asesinato de tantas mujeres que solicitan ayuda, protección y asesoramiento. Entendemos que son ineficientes las medidas que se toman tanto desde el poder judicial como desde el ejecutivo. Las restricciones y los botones antipánico no alcanzan para resolver la problemática existente. Estas situaciones se van a ver agravadas teniendo en cuenta que el presupuesto correspondiente al 2019 destinando al INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) órgano de implementar la ley 26.485, sufre un recorte del 18%. Esto prevé que se destinarán tan solo $11,36 por mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género durante este año.

Sin presupuesto no hay políticas públicas, y sin políticas públicas a las mujeres nos siguen matando.

Cuando el femicida, el violento, es un integrante de las fuerzas de seguridad la realidad cambia. Es complejo poder denunciar a un policía, no solo por la complicidad policial existente, sino porque tiene aval para portar y hacer uso de armas.

Según el registro del Observatorio de Mumala el 26% de los femicidios del país se produjo con armas de fuego y de ese total, el 17% se produjo con un arma reglamentaria; es decir que estaban en manos de quienes debían promover la seguridad, con el aval del Estado. Es en este contexto que la ministra de Seguridad de la Nacion, Patricia Bullrich, promueve el uso de armas de fuego, lo cual nos parece sumamente peligroso teniendo en cuenta estos datos.

Situación local

El 2019 no da tregua a las mujeres, nos siguieron asesinando, abusando y violentando. Como fue de público conocimiento el primero de enero violaron en un camping de Miramar a una adolescente de 14 años, pero ese no fue el único lamentablemente. En los primeros 3 días del año asesinaron a 3 mujeres y se conocieron al menos cinco casos de violación y/o abusos.

Puntualmente en Mar del Plata, además del asesinato de Gisela, en menos de 2 días hubo 3 intentos de femicidios .

En el barrio Las Lilas un hombre al grito de ‘’te voy a matar’’ violentó salvajemente a su ex mujer dejándola inconsciente y con traumatismo de cráneo.

Ese mismo día, en el barrio Aeroparque un hombre de 65 años golpeó reiteradamente a la esposa con un ladrillo en la cara y cabeza. Acto seguido el agresor intento suicidarse con un cuchillo.
Durante la madrugada del 7 de enero un joven de 18 años apuñaló en la pierna y golpeo con un fierro en la cabeza a su novia de 16 años.

Estos hechos no son aislados. Hace 3 años que nuestra ciudad está declarada en emergencia local por violencia de género. La situación es realmente alarmante. A diario las mujeres se acercan a denunciar las situaciones de violencia de género que sufren pero la respuesta que se les brinda desde el municipio es escasa. Hace tiempo desde el movimiento de mujeres y diversidad estamos denunciamos con gran preocupación el vaciamiento que está sufriendo el área de la mujer en Mar del Plata. No contamos con profesionales especializados que puedan atender a las mujeres que se acercan, no hay presupuesto para crear y ejecutar políticas públicas de prevención y acción en casos de violencia de género, no hay lugar en la casa refugio, hay lista de espera para poder acceder a un botón antipánico, entre otras cuestiones.

Entendemos que sin voluntad política la situación del Municipio no va a mejorar, por lo contrario empeora día a día. Es necesario que se destine mayor partida presupuestaria que se vea reflejada en política pública concreta.