Según los más de cincuenta relevamientos realizados por la Asociación de Trabajadores del Estado en organismos provinciales y nacionales, aseguraron que no se cumple con la legislación en materia de seguridad e higiene en el trabajo y la salud.

Desde ATE emitieron un comunicado donde aseguran que, a raíz de los más de cincuenta relevamientos que han realizado en los últimos años en organismos estatales, tanto provinciales como nacionales, se desprende la certeza de que no se cumple con la legislación vigente en lo que tiene que ver con normas de seguridad e higiene en las dependencias de trabajo. Esto atenta contra la salud de los y las trabajadores que desarrollan sus tareas en estas oficinas.

En ese sentido, anticiparon que seguirán “luchando por las condiciones dignas de trabajo y reclamamos que se cumpla con la Ley 19587 y el decreto 351/79 garantizando la salud de los y las trabajadores ante los riesgos a los cuales están expuestos en sus puestos de trabajo”.

Además, la Asociación informó que “la ART Provincia actúa como auto seguro en la provincia de Buenos Aires y en ese rol, sigue haciendo la vista gorda ante los diferentes incumplimientos a sus obligaciones” y agregaron que dicha entidad “sigue recaudando de las arcas de todos los ciudadanos bonaerenses”.

En este marco, argumentaron que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) realizó un sumario contra el Estado empleador y la ART Provincia debido a estos incumplimientos. Aseguraron que la sanción “se traduce en una multa de más de $500.000, y que tendrá que ser pagada por todos los ciudadanos bonaerenses y que tiene como únicos responsables a los funcionarios inoperantes y sus políticas criminales“.

A nivel local, ejemplificaron con las condiciones precarias en las que se encuentra el Centro de Prevención de Adicciones (CPA) de calle Buenos Aires. Afirmaron que los relevamientos detectaron “numerosas anomalías que fueron denunciadas ante la SRT bajo los expedientes SRT Nº 106445-14, 207150/16, la cual constató y promovió una medida correctiva en ambos casos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires pero fueron incumplidos y dieron lugar a un nuevo reclamo”.

Por ello, manifestaron que “ningún representante del Estado provincial se presentó a las audiencias de mediación, mostrando una vez más el desinterés no solo por la salud y la vida de los trabajadores sino además, provocando una erogación de dinero que se debería destinar para cubrir las necesidades en los sectores de trabajo y no para pagar multas que en lugar de tener un carácter preventivo”.